En el territorio de Masisi, situado en la provincia de Kivu Norte de la República Democrática del Congo, los viajeros y comerciantes enfrentan obstáculos significativos debido a los impuestos excesivos y las barreras ilegales impuestas por los rebeldes y combatientes del M23. Estos grupos armados aprovechan los momentos de calma para exigir pagos a las personas que atraviesan las áreas bajo su control, creando así dificultades para la circulación libre de individuos y mercancías.
En las carreteras que conectan localidades como Sake, Matanda, Mushaki, Masisi-Centre, Rutoboko, Kilolirwe, Kitshanga y Mweso, los motociclistas y sus pasajeros se ven forzados a pagar sumas entre 1.000 y 10.000 francos congoleños, dependiendo de la carga transportada. Esta situación no solo encarece los viajes para la población local, sino que también expone a los viajeros al peligro de violencia y hostigamiento por parte de grupos armados.
Los relatos de los viajeros revelan prácticas represivas como asesinatos, arrestos arbitrarios, ajustes de cuentas y abusos perpetrados por las fuerzas involucradas. Especialmente los conductores de mototaxis son blanco de estos abusos, principalmente cuando se sospecha que colaboran con grupos rivales. Estas acciones violentas no solo limitan la libertad de movimiento de los habitantes, sino que también representan una amenaza para la seguridad y estabilidad de la región.
Es crucial que las autoridades tomen medidas urgentes para poner fin a estas prácticas ilegales y asegurar la protección de las comunidades locales. Las violaciones de los derechos humanos y los ataques a la libertad de circulación no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia. Se requiere de acciones concretas para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en estas zonas afectadas por conflictos armados.
En resumen, la situación de impuestos excesivos y barreras ilegales impuestas por rebeldes y combatientes armados en el territorio de Masisi es alarmante y necesita de una respuesta urgente por parte de las autoridades. La población local merece vivir en paz y seguridad, sin temor a la violencia y los abusos. Es el momento de acabar con estas prácticas inaceptables y asegurar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos congoleños.