La gestión de los fondos públicos en la República Democrática del Congo ha generado preocupación debido a un contrato polémico entre el consorcio STEVERS CONSTRUCT-SOTROD WATER y el Ministerio de Desarrollo Rural por un monto de 400 millones de dólares. Este acuerdo pretendía instalar 1,000 estaciones de agua y alumbrado público en todo el país, con un primer desembolso de 80 millones de dólares. Sin embargo, organizaciones como la Liga Congoleña de Lucha contra la Corrupción (LICOCO) y el Observatorio de la Deuda Pública (ODEP) han señalado que el proyecto solo se encuentra al 7% de su ejecución a pesar de la significativa cantidad de fondos comprometidos.
Las críticas apuntan a posibles malversaciones y falta de transparencia en el manejo de este contrato. Representantes de ODEP como Florimont Muteba mencionan la opacidad del procedimiento y plantean la posibilidad de arreglos irregulares entre las partes involucradas. LICOCO, a través de Ernest Mpararo, resalta el bajo número de infraestructuras realmente construidas en relación con los fondos asignados, lo cual sugiere una deficiente gestión de los recursos públicos.
Ante estas revelaciones inquietantes, Moise Katumbi ha manifestado su indignación por el aumento injustificado de costos y la falta de transparencia en el manejo de los fondos destinados al proyecto. En este sentido, ha solicitado a las instituciones financieras internacionales una acción urgente y contundente del sistema judicial congoleño para investigar posibles irregularidades.
En medio de las críticas y sospechas, la Asociación Congoleña para el Acceso a la Justicia (ACAJ) ha pedido una investigación judicial para esclarecer las posibles irregularidades en este contrato y garantizar la transparencia y equidad en las contrataciones públicas en el país.
Es imperativo que se tomen medidas concretas para combatir la corrupción y asegurar el uso eficiente y transparente de los fondos asignados a los proyectos de desarrollo en la República Democrática del Congo.