El impacto social y económico de la demolición de propiedades a lo largo de la costa para el proyecto Lagos-Calabar ha provocado un intenso debate dentro de la sociedad nigeriana. La controversia en torno a la elección de iniciar el proyecto en Lagos, que provocó la destrucción de bienes inmuebles e infraestructuras, ha planteado dudas legítimas sobre las prioridades del Gobierno federal.
Los argumentos para iniciar el proyecto en Calabar se basaron en evitar la destrucción de propiedades y medios de vida de los residentes. Sin embargo, el gobierno optó por Lagos, citando el gran volumen de tráfico en la región. Esta decisión tiene como objetivo maximizar los ingresos generados por los peajes y acelerar el retorno de la inversión, particularmente en el marco de una asociación público-privada.
Hafsat Abiola-Costello subrayó que la elección de iniciar el proyecto en Lagos estuvo motivada por consideraciones económicas, vinculadas al potencial financiero que ofrece el importante tráfico en la región. Sin embargo, también reconoció que la destrucción de la infraestructura podría disuadir a los inversores potenciales, destacando los desafíos y las compensaciones inherentes a tales proyectos de infraestructura.
A pesar de la controversia y los trastornos causados por las demoliciones, el gobierno ha tomado medidas para pagar compensaciones a los propietarios afectados. Se ha realizado la primera fase de pagos, lo que supone un intento de reparar los daños causados por el proyecto.
El proyecto Lagos-Calabar, previsto para conectar nueve estados y pasar por puntos clave como el puerto de aguas profundas de Lekki, representa un gran desafío para el desarrollo de infraestructuras en Nigeria. Sin embargo, el equilibrio entre los requisitos económicos, las preocupaciones sociales y los impactos ambientales sigue siendo un desafío crucial a superar en la implementación de este importante proyecto.
En conclusión, el debate en torno al proyecto Lagos-Calabar destaca los dilemas que enfrentan los responsables de las políticas cuando se trata de desarrollo de infraestructura. La necesidad de conciliar los intereses económicos, sociales y ambientales subraya la importancia de una gobernanza inclusiva y transparente para garantizar el éxito y la sostenibilidad de los proyectos nacionales.