Fatshimetrie cubrió recientemente el llamado de Congo N’est Pas à Vente (CNPAV) para que el nuevo gobierno encabezado por la Primera Ministra Judith Suminwa ponga fin a la Convención Sino-Congolesa y aplique el régimen del Código Minero al proyecto Sicomines. Este enfoque surge tras las persistentes preocupaciones sobre la financiación de infraestructuras y los desequilibrios estructurales que se mantienen a pesar de la renegociación del Contrato Chino (Sicomines).
La enmienda 5, firmada el 14 de marzo de 2024 entre el gobierno congoleño y el grupo empresarial chino después de más de un año de negociaciones, fue elogiada por su publicación dentro de los plazos legales. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre las cláusulas introducidas en esta enmienda, que dejan incertidumbres en torno a la financiación de la infraestructura y perpetúan los desequilibrios estructurales que han sido perjudiciales para la República Democrática del Congo durante más de 15 años.
Un análisis en profundidad de la enmienda 5 destaca el hecho de que los problemas estructurales denunciados por la sociedad civil y el EITI-RDC no han sido resueltos. Entre estos desequilibrios, encontramos la gestión de las Sicomines fuera de los circuitos habituales de las finanzas públicas, favoreciendo la corrupción y la malversación de fondos, las pérdidas fiscales provocadas por las exenciones concedidas a las Sicomines, la ausencia de transferencia de tecnologías y capacidades, las participaciones minoritarias injustificadas en manos de los congoleños partido político, así como desembolsos insuficientes para infraestructura.
En un discurso ante los parlamentarios, Judith Suminwa destacó los avances logrados en el ámbito de las infraestructuras gracias a la renegociación del contrato Sicomines, que permitió obtener importantes recursos para la construcción de 12.000 kilómetros de carreteras en todo el país. Sin embargo, el CNPAV destaca las incertidumbres introducidas por la enmienda 5, en particular la dependencia de los fondos destinados a infraestructuras del precio del cobre en el mercado internacional, variable sobre la cual la RDC no tiene control. Además, los ingresos por cobalto, clasificado como mineral estratégico por el gobierno, no se incluyeron en los ingresos para financiar infraestructura.
Así, el CNPAV pide al gobierno congoleño que ponga fin al Convenio de Sicomines y aplique el régimen del Código de Minería a este proyecto. También recomienda al Grupo de Múltiples Partes Interesadas EITI-RDC colocar la transparencia y el equilibrio de esta nueva enmienda entre las prioridades de gobernanza del sector extractivo. Es crucial garantizar una gestión transparente y equitativa de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible de todos los ciudadanos congoleños.