Las recientes protestas que tuvieron lugar en Kenia el 25 de junio fueron eventos dramáticos e impactantes, que pusieron de relieve la creciente ira y frustración de los ciudadanos por los aumentos de impuestos propuestos por el gobierno.
La propuesta de la controvertida ley de finanzas provocó un movimiento de protesta nacional, simbolizado por el movimiento “7 días de ira”. A pesar de las concesiones del gobierno encaminadas a anular algunos aumentos de impuestos, en particular el del IVA sobre el pan, la situación no ha apaciguado a la población, ya fuertemente afectada por el aumento del coste de la vida.
Las manifestaciones que degeneraron en enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes provocaron la muerte de varias personas y numerosos heridos. El uso de balas reales, balas de goma y gases lacrimógenos suscitó la indignación entre las asociaciones de derechos humanos, que denunciaron flagrantes violaciones de los derechos fundamentales.
El presidente de Kenia, William Ruto, condenó la violencia y calificó las protestas de «traición», restando importancia a las demandas legítimas del pueblo. A medida que el país cae en un clima de represión cada vez más preocupante, con el despliegue del ejército junto con la policía, los temores de una represión brutal se vuelven cada vez más apremiantes.
La extensión de las protestas por todo el país, simbolizada por la quema de edificios gubernamentales y el robo de objetos simbólicos como el cetro parlamentario, refleja el profundo malestar social y político que reina actualmente en Kenia. Las detenciones arbitrarias de figuras influyentes de la sociedad civil y los medios de comunicación, así como los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos, demuestran una deriva autoritaria alarmante.
Al mismo tiempo, Internet se ha visto afectada por importantes cortes, lo que limita la capacidad de los ciudadanos de expresarse libremente y difundir información sobre los acontecimientos actuales. Los informes sobre violaciones de derechos humanos, presuntos secuestros de activistas políticos y represión contra periodistas han hecho temer una escalada de violencia y una represión generalizada.
En este contexto de extrema tensión, es imperativo que las autoridades kenianas restablezcan el diálogo con la población, respeten las libertades fundamentales y establezcan mecanismos de mediación para desactivar la crisis actual. El futuro del país dependerá de su capacidad para escuchar las aspiraciones legítimas de sus ciudadanos y encontrar soluciones concertadas para responder a los desafíos socioeconómicos que lo acosan.