Fatshimetrie reveló recientemente un caso de lo más intrigante relacionado con el barco Maersk Campton, que apagó su sistema de identificación automática mientras navegaba. Esta decisión ha suscitado serias preocupaciones, en particular por el supuesto transporte de residuos tóxicos a Tailandia. La naviera Maersk anunció que devolverá varios cientos de toneladas de residuos industriales sospechosos a Europa, más concretamente a Albania, su país de origen.
El caso tomó un giro internacional cuando la red mundial de vigilancia Basel Action Network (Ban) alertó a Albania, Tailandia y varios países de tránsito, incluida Sudáfrica, sobre el envío de lo que parece ser polvo tóxico procedente de filtros de control de la contaminación en Albania. Los 100 contenedores que contenían aproximadamente 816 toneladas de residuos fueron trasladados desde la costa de Albania a Trieste, Italia, antes de ser cargados en los barcos Maersk Candor y Maersk Campton.
Durante el viaje de los barcos al Sudeste Asiático, Ban y sus socios alertaron a las autoridades con la esperanza de interceptar los barcos en los países de tránsito. Sin embargo, ambos barcos quedaron en la sombra al desactivar sus transpondedores GPS, especialmente en aguas sudafricanas. Esta acción desencadenó una respuesta de las autoridades marítimas y ambientales, con la participación del Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica, así como de la policía, la Autoridad Marítima de Sudáfrica, la Armada y el Puerto de Ciudad del Cabo.
Se planificó la interceptación de los barcos y se iniciaron investigaciones para determinar si el transporte de residuos sin la aprobación de las autoridades competentes constituía tráfico ilegal de residuos. Según el Convenio de Basilea de las Naciones Unidas, esto está estrictamente prohibido.
La decisión de Maersk de devolver los contenedores de desechos tóxicos a Albania ha sido aclamada como una victoria para la gobernanza ambiental global. Rico Euripidou de groundWork, Amigos de la Tierra Sudáfrica, destacó que Maersk reconoció su responsabilidad en este asunto potencialmente ilegal y actuó en consecuencia para evitar una violación del Convenio de Basilea.
En una carta al jefe de sostenibilidad de Maersk, Jim Puckett de Basel Action Network expresó su gratitud por la decisión de la empresa. También insistió en que se realicen pruebas a las muestras de los contenedores para comprobar la presencia de metales pesados y sustancias tóxicas, y que se hagan públicos los resultados.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas de las partes interesadas en el transporte marítimo, y destaca la necesidad de cumplir con los estándares ambientales internacionales para evitar incidentes similares en el futuro.