El escándalo del expolio de los terrenos del Consejo de Estado situados en el solar del antiguo cementerio de Kasa-Vubu atrajo recientemente la atención de las autoridades competentes. Este asunto sigue suscitando serias preocupaciones, poniendo de relieve las cuestiones relativas a la tierra y la necesidad de proteger el patrimonio público del Estado.
Durante una reunión en la que participaron el Ministerio de Asuntos Territoriales, el Consejo de Estado y otras instituciones pertinentes, se llevaron a cabo debates para encontrar soluciones a esta preocupante situación. El registrador de títulos inmobiliarios de Kasa-Vubu, Toussaint Landu, subrayó la importancia de aclarar la cuestión de este expolio de tierras, a pesar de las decisiones judiciales y administrativas ya adoptadas.
Parece que el Consejo de Estado dispone de una escritura de cesión de un terreno de la empresa SAFRICOM, con una superficie de una hectárea y 21 hectáreas. Un decreto ministerial sobre Asuntos Agrarios confirma también este mismo ámbito para el Consejo de Estado. Así, se tomaron medidas para proteger este patrimonio estatal, en particular autorizando la construcción de un muro alrededor de la propiedad.
La Ministra de Estado encargada de Asuntos Territoriales, Acacia Bandubola, recordó que el cementerio de Kasa-Vubu es propiedad pública del Estado, destacando la importancia de respetar la ley vigente. Por su parte, el jefe de la delegación del Consejo de Estado expresó su agradecimiento a la Ministra por su decisión a favor de la institución.
Este caso pone de relieve las cuestiones de la gestión de la tierra y la necesidad de proteger el patrimonio público. Es crucial tomar medidas firmes para combatir el despojo de tierras y preservar la integridad de las instituciones estatales. Garantizando una estricta aplicación de la ley, es posible prevenir este tipo de situaciones y garantizar la seguridad de los bienes públicos para el bien de todos.
Este caso también nos recuerda la importancia de la transparencia y la buena gobernanza en la gestión de los recursos terrestres. Es fundamental que las autoridades competentes actúen con rigor para garantizar la protección de los bienes públicos y combatir todas las formas de malversación. En última instancia, preservar el patrimonio del Estado es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de todos para garantizar un futuro sostenible para nuestras instituciones y nuestra sociedad.