El movimiento de huelga iniciado en Costa de Marfil desde el 15 de octubre de 2024 por determinados sindicatos de la educación pública, de los asuntos sociales y del sector sanitario sigue provocando reacciones y perturbando la vida cotidiana de los establecimientos educativos de Abiyán. Esta huelga de 72 horas, lanzada para exigir el pago de bonificaciones trimestrales, creó un ambiente particular en las escuelas y colegios del sector público.
En Cocody, un barrio residencial de Abiyán, la escuela secundaria moderna ve cómo sus alumnos se encuentran sin sus profesores habituales. Algunos optan por regresar a casa para estudiar con sus padres, conscientes de los desafíos de su educación. Otros, más pragmáticos, están preocupados por los costes adicionales de transporte que genera esta situación de huelga.
Por otro lado, en el clásico instituto de Cocody, reina una atmósfera similar entre los estudiantes que se encuentran ocupando su tiempo en el patio, en ausencia de los profesores. Mientras tanto, la administración enumera a los docentes en huelga, bajo la atenta mirada del director, lo que ilustra el desequilibrio causado por este movimiento social.
Los sindicatos, que están en el origen de esta huelga, exigen principalmente el pago de primas de incentivo, al tiempo que denuncian violaciones de la libertad sindical e intimidaciones por parte de la administración. Esta exigencia choca con la posición del gobierno de Costa de Marfil, que califica este movimiento huelguista de ilegal e injustificado, argumentando que las discusiones y el diálogo social están en curso.
De hecho, el comité consultivo, creado para abordar cuestiones sociales, está iniciando hoy conversaciones con los interlocutores sociales y el gobierno, destacando la importancia del diálogo y la negociación para resolver conflictos y responder a las demandas legítimas de los trabajadores.
Esta situación expone las tensiones y los desafíos del mundo del trabajo en Costa de Marfil, destacando la necesidad de encontrar un equilibrio entre las demandas de los trabajadores y las limitaciones económicas y políticas del país. Por lo tanto, parece esencial buscar soluciones duraderas para garantizar condiciones de trabajo justas que respeten los derechos de los trabajadores, preservando al mismo tiempo la estabilidad social y económica del país.