En un acontecimiento importante, el Fiscal General, apoyado por varios estados, cuestiona la legitimidad de las agencias federales anticorrupción del país, a saber, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y la Comisión Independiente de Prácticas Corruptas (ICPC).
La Corte Suprema recientemente se reservó su decisión en un caso presentado por 19 estados que cuestionaban la constitucionalidad de las leyes que establecían estas comisiones. Dos estados, Imo y Bauchi, se unieron a la demanda como codemandantes, mientras que el estado de Osun solicitó la consolidación del caso. Además, tres estados, Anambra, Ebonyi y Adamawa, optaron por no participar en la acción.
Entre los 19 estados involucrados en el proceso se encuentran Kogi, Kebbi, Katsina, Sokoto, Jigawa, Enugu, Oyo, Benue, Plateau, Cross River, Ondo, Níger, Edo, Bauchi, Imo, Osun, Nasarawa, Ogun y Taraba. Estos estados sostienen que cuando se aprobó la ley que estableció la Comisión de Delitos Económicos y Financieros en 2004, no se cumplieron las disposiciones de la Sección 12 de la Constitución de Nigeria.
Los demandantes argumentan que la incorporación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a la legislación nigeriana no siguió los procedimientos de la Constitución. La Corte comunicará posteriormente una fecha para la sentencia de este caso.
Mientras tanto, destacados abogados expresan su apoyo a la derogación de la EFCC. Considerando que la agencia es una tontería, algunos abogados destacados del país se han sumado a los llamamientos para su eliminación.
En una declaración reciente, la ex presidenta del Colegio de Abogados de Nigeria, Olisa Agbakoba (SAN), describió a la agencia anticorrupción como una organización ilegal. En cartas separadas dirigidas al Senado y a la Cámara de Representantes, fechadas el 14 de octubre de 2024, el reconocido jurista afirmó firmemente que la EFCC fue establecida de manera inconstitucional.
Según él, los poderes que permitieron su creación superan los de la Asamblea Nacional. Estas críticas refuerzan las preguntas sobre la legitimidad y el funcionamiento de la EFCC, generando importantes debates sobre la efectividad de las agencias anticorrupción en el sistema legal del país.
Este caso plantea cuestiones cruciales para la lucha contra la corrupción en Nigeria y plantea interrogantes sobre la aplicación estricta de los procedimientos constitucionales en el establecimiento y funcionamiento de las instituciones gubernamentales. A medida que se desarrolla esta controversia, es fundamental seguir de cerca los acontecimientos y las decisiones que se derivarán de ellos.