En el ámbito de la infraestructura y las obras públicas, la transparencia y la integridad se han convertido en aspectos fundamentales para establecer la confianza ciudadana en las acciones gubernamentales. Recientemente, el Ministro de Obras Públicas, David Umahi, anunció la creación de un comité con el objetivo de garantizar la transparencia en todos los proyectos en curso.
Esta iniciativa forma parte de la agenda de renovación de la administración del presidente Bola Tinubu, la cual coloca la transparencia en el centro de sus preocupaciones. El cometido del comité es establecer comunicación con los propietarios de los bienes afectados, evaluar las posibles indemnizaciones a pagar y, en caso necesario, visitar las localidades impactadas.
El ministro enfatizó que su departamento aplicará las tarifas del gobierno federal para las compensaciones. A pesar de los esfuerzos realizados, reconoció la dificultad de satisfacer por completo a los beneficiarios de las indemnizaciones. Sin embargo, aseguró que el gobierno cumplirá con las regulaciones vigentes y utilizará las tasas federales para los pagos correspondientes.
Además, el ministerio se compromete a verificar la legitimidad de los beneficiarios, los montos de las indemnizaciones y las dimensiones de las propiedades afectadas. Una vez completadas estas verificaciones, los propietarios interesados deberán firmar un acuerdo para que los pagos sean efectuados por el contratista a cargo del proyecto.
Con el objetivo de garantizar la legalidad de los procedimientos, el ministro aclaró que solo aquellos propietarios con títulos de propiedad reconocidos podrán reclamar una indemnización. Se ha establecido un plazo de 72 horas para el procesamiento de los expedientes y la realización de los pagos correspondientes.
A pesar de ser un proceso riguroso, su propósito es asegurar que los propietarios afectados reciban una compensación justa por sus propiedades. El ministerio se compromete a agilizar el proceso de manera eficiente para limitar los retrasos en las compensaciones.
Esta acción refleja el compromiso del Ministro de Obras de llevar a cabo proyectos de infraestructura con transparencia y respeto a las normas gubernamentales, al mismo tiempo que garantiza un trato justo y rápido a los ciudadanos afectados.