Por fin ha comenzado la descongestión de la prisión central de Kenge, situada en la provincia de Kwango. Esta decisión sigue las directrices del comité de seguridad provincial, que subrayó la urgencia de reducir el excesivo personal de la única prisión funcional de la región. El miércoles se tomaron las primeras medidas con la liberación de 10 detenidos. Estos presos, procesados por delitos menores como simple robo o extorsión, pudieron así recuperar su libertad.
Tras esta primera oleada de liberaciones, el director de la prisión central de Kenge, Yves Mabenga, anunció que otros cinco reclusos también esperan ser liberados, siempre que se respete el procedimiento reglamentario. Esta iniciativa pretende aliviar la superpoblación penitenciaria que aqueja a este establecimiento desde hace muchos años. Construida en 1958 para albergar a 35 reclusos, la prisión central de Kenge albergaba en realidad a 266 reclusos, lo que daba lugar a condiciones de detención deplorables.
Además del hacinamiento, la prisión central de Kenge enfrenta grandes desafíos en términos de alimentación y atención médica. Se han denunciado casos de enfermedades, incluida tuberculosis, que ponen en peligro la salud de los detenidos. Además, la falta de células adecuadas ha dado lugar a una desafortunada mezcla entre hombres, mujeres y niños, debido a la falta de estructuras separadas para cada categoría.
La liberación de estos detenidos constituye un primer paso hacia la mejora de las condiciones de detención en la prisión central de Kenge. Sin embargo, es imperativo continuar los esfuerzos para garantizar condiciones dignas y respetuosas de los derechos humanos para todos los presos. Esta acción, guiada por la necesidad de aliviar la congestión en el establecimiento penitenciario y garantizar una verdadera rehabilitación de los reclusos, debe ir seguida de medidas concretas para evitar que la situación se repita en el futuro.
En última instancia, descongestionar la prisión central de Kenge es un paso crucial en la búsqueda de una justicia más humana y equitativa. Corresponde a las autoridades competentes garantizar que esta iniciativa se lleve a cabo de manera eficiente y transparente, respetando los derechos fundamentales de cada individuo.