La República de Níger, generalmente conocida por su relativa estabilidad en una región afectada por la inseguridad, ha enfrentado recientemente una gran agitación política. El golpe de Estado liderado por el general Abdourahamane Tchiani en julio de 2023 no sólo sacudió al gobierno del presidente Mohamed Bazoum, sino que también sumió al país en una crisis económica y de seguridad sin precedentes.
Desde que el general Tchiani llegó al poder, las condiciones económicas de Níger se han deteriorado significativamente. A pesar de las promesas iniciales de los líderes golpistas de mejorar la situación del país, las acciones de la junta, incluida la ruptura de vínculos con socios internacionales clave, han llevado al aislamiento económico. Las sanciones impuestas por la CEDEAO y otros actores internacionales han empeorado la situación, provocando un aumento de los precios de los productos básicos y una angustia económica generalizada entre la población.
Esta crisis económica ha provocado una drástica disminución de las actividades económicas, con un crecimiento estimado de solo el 2,5% en 2023, según un informe del Banco Africano de Desarrollo. Las sanciones económicas y financieras impuestas por la CEDEAO y la UEMOA también han tenido un impacto perjudicial, aumentando la tasa de pobreza al 43,9%. También ha empeorado la situación de inseguridad alimentaria y sanitaria, agravando las precarias condiciones de vida de la población.
En el frente de la seguridad, Níger también se vio muy afectado por el golpe. Si bien anteriormente el país logró contener las actividades de los grupos insurgentes bajo la presidencia de Bazoum, la situación se ha deteriorado considerablemente. Las tensas relaciones de la junta con sus antiguos socios de seguridad, como Francia y Estados Unidos, han llevado a la retirada de tropas y apoyo extranjeros, dejando al país más vulnerable a la actividad extremista y la violencia de los grupos militantes.
Estos grupos incluyen el Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS), el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM), afiliado a Al-Qaeda, así como Boko Haram y el Estado Islámico en Sudáfrica Occidental (ISWAP). La presencia activa de estos grupos, particularmente en las regiones occidental y sudoriental de Níger, ha contribuido a una creciente inseguridad y al aumento del número de desplazados internos.
Al mismo tiempo, las violaciones de derechos humanos han aumentado desde el golpe, con detenciones, amenazas y acoso contra periodistas independientes. El espacio político se ha reducido, y la junta prohibió las actividades de todos los partidos políticos y arrestó a varios miembros del gobierno derrocado. Las tensiones políticas dieron lugar a actos de violencia perpetrados por partidarios de la junta contra miembros del partido de Bazoum.
En última instancia, Níger se enfrenta a un período de turbulencia sin precedentes, marcado por una crisis económica, una creciente inseguridad y ataques a las libertades civiles. El camino hacia la estabilidad y la prosperidad parece estar plagado de obstáculos, y queda por ver cómo el país puede superar estos desafíos para regresar al camino del desarrollo sostenible y la paz.