La reciente condena del coronel Ange Félix Mangwala y sus cómplices por el Tribunal Militar de Alto Katanga causó revuelo en la provincia. Este asunto, que comenzó con el secuestro de un seminarista y el robo de una concesión de la Iglesia católica, ha encontrado finalmente salida con esta decisión judicial.
La Comisión de Justicia y Paz de la provincia de Haut-Katanga se expresó en un comunicado de prensa y se mostró satisfecha con esta condena. El coronel Mangwala fue condenado a 20 años de prisión, mientras que sus cómplices fueron condenados a 10 años de prisión. Para la Comisión, esta sentencia es una victoria de la justicia y una fuerte señal para disuadir cualquier intento de expoliación de los bienes de la Iglesia católica.
Sin embargo, a pesar de esta satisfacción, la Comisión también está preocupada por la efectiva ejecución de esta sentencia. De hecho, subraya que otras decisiones judiciales a favor de la Iglesia católica nunca se han aplicado plenamente. Pide, por tanto, la demolición de las construcciones ilegales levantadas en la concesión del seminario mayor de Tshamalale, para garantizar el respeto de los derechos de la Iglesia.
Si bien saluda la labor de la justicia, la Comisión advierte contra cualquier intento de intimidar a la Iglesia católica y a su personal. Se dice dispuesta a denunciar cualquier forma de negligencia o complacencia en la ejecución de las decisiones judiciales dictadas a favor de la Iglesia.
Este asunto, marcado por el secuestro de un seminarista y el uso de un arma de fuego por parte del coronel Mangwala, pone de relieve las cuestiones relacionadas con la protección de los bienes eclesiásticos. A través de este juicio también se planteó la cuestión de la lucha contra la impunidad y la preservación del patrimonio religioso.
En conclusión, esta convicción constituye un avance significativo en la preservación de los derechos de la Iglesia católica en Katanga. Ahora queda garantizar que esta decisión judicial sea plenamente respetada, para garantizar la protección de los bienes de la Iglesia y garantizar la estricta aplicación de la ley en la provincia.